La semana pasado tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos con el objetivo de examinar directamente el modo de operación y las consecuencias de la actividad de las empresas transnacionales en la región. Tuvo lugar en el marco de las movilizaciones llevadas adelante por la VII Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica (AdA). Esta audiencia sobre “deuda ecológica, histórica, social , económica de los países europeos con Centroamérica” fue convocada por organizaciones y movimientos sociales, entre quienes los compañeros de Jubileo Sur/Centroamérica estuvieron en los preparativos y el desarrollo de la actividad junto al aporte de las comunidades afectadas.
Para bajar el dictamen en el jurado acceder a: http://web.wamani.apc.org/apc-aa/img_upload/5f8ea6081bb954c62998139d98c954e6/AUDIENCIA_CENTROAMERICANA_HONDURAS_1__1.pdf
Se presentaron 4 casos y dos denuncias donde se da cuenta del accionar de las empresas, la ilegitimidad del endeudamiento generado y las consecuencias en la población. La organización UNES junto a la Coordinadora para la Defensa de la cuenca San Simón de El Salvador presentó un caso donde se demanda a la empresa energética estatal Geo y Enel Green Power de origen Italiana quién pretende producir tecnología e energía limpia basada en la producción geotérmica. Otro caso fue la expansión del monocultivo de piña en Costa Rica que genera daños graves en la salud de los trabajadores y los pobladores debido al uso de agrotóxicos entre otros factores.
El Movimiento Social Nicaragüense demandó al gobierno de España por facilitar la expansión de sus empresas transnacionales a través del endeudamiento del gobierno y del pueblo nicaragüense condicionando los préstamos a cambio de apoyar los intereses económicos de dichas empresas. También el impacto de la industria cementera en Honduras fue presentado ante el tribunal denunciando a la empresa La Farge.
Además de estos casos se dio lugar a la exposición de dos denuncias; el saqueo de agua y bosques, y la implementación de megaproyectos como el turismo, las represas y la minería demandando a la Unión Europea por parte de la organización campesina e indígena COPINH y Madre Tierra.
Luego de la audiencia los movimientos y organizaciones sociales presentes se manifestaron en las calles reclamando la suspensión del proceso negociador de la ronda y el fin de políticas de libre comercio en la región. Una copia del dictamen del jurado fue entregada al secretario privado del presidente Manuel Zelaya Rosales de Honduras.
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