Desde la época de la dictadura militar y la política
económica impuesta por Martínez de Hoz, el país quedó amarrado hasta el día de
hoy a los tribunales de EEUU y otros poderes y al modelo de desarrollo
consolidado bajo la fuerza extorsiva del endeudamiento.
Ningún gobierno cuestionó la legitimidad o legalidad de la deuda
generada durante la dictadura – con excepción del intento frustrado del
Presidente Alfonsín y su primer Ministro de Economía – pese a que afecta grave y
continuamente al pueblo y a la soberanía nacional.
Todos
los gobiernos que precedieron al actual actuaron de la misma forma: ocultaron la
verdadera situación del país y asumieron la deuda sin separar lo legítimo de lo
ilegítimo. Firmaron tratados de libre comercio y de “protección a las
inversiones”, ejecutaron las políticas de ajuste y privatización impuestas, y
así llegamos al 2001 con todas sus consecuencias.
Tanto
los gobiernos de Néstor como de Cristina Kirchner continuaron con la misma
política, negándose a bajar el cuadro de la Deuda de la pared y manteniendo el
sometimiento del país a tribunales extranjeros, cediendo la soberanía nacional.
En otros términos, consolidaron la transformación del país en una
colonia de las grandes potencias y empresas, que imponen las condiciones de
financiamiento, inversión y comercio y la jurisdicción de tribunales o foros
arbitrales, como Nueva York o el CIADI, que siempre los van a
beneficiar.
Muchas organizaciones intentaron acercarse al gobierno para tratar
la situación de la deuda externa y proponer alternativas ciertas, como la
realización de una auditoria participativa e integral y la nulidad de las
renuncias soberanas. Lamentablemente sin resultado, pese al antecedente valioso
de Ecuador, ya que hasta ahora tanto el gobierno como el Parlamento, se niegan
a investigar para determinar si realmente hay deuda legítima pendiente de
pago.
Es
preocupante que casi todos – el gobierno más la gran mayoría de la oposición –
parecen desconocer el juicio sobre la deuda externa iniciado por el patriota
Alejandro Olmos en el año 1982 y concluido en el 2000. El Poder
judicial no ha declarado aún las nulidades respectivas ni seguido con
ahinco las causas pendientes. El Poder ejecutivo tampoco ha impulsado los
juicios y acciones complementarias correspondientes en función de las más de 470
ilicitudes comprobadas por el juez Ballestero en su decisión en la causa
Olmos. Y el Parlamento ha omitido actuar sobre la misma para determinar
las responsabilidades políticas de una deuda que continúa provocando graves
daños al país.
En
varias oportunidades fuimos al Congreso, con Alejandro Olmos y otros, tratando
de reunirnos y a conversar con diputados y senadores. Pero siempre fue
casi imposible. Si lográbamos reunir uno o dos, eran muchos; la indiferencia y
falta de conocimiento de la situación y consecuencias de la deuda externa para
el país, por parte de los legisladores, era casi total.
Hasta
el día de hoy, han pasado otros 14 años y los diputados y senadores no han
mostrado todavía la sabiduría y compromiso necesarios para cumplir con uno de
sus mandatos constitucionales, indelegables: el de “arreglar” la deuda.
Por eso las consecuencias de la misma siguen agravándose, provocando
situaciones como la actual con la transferencia permanente de capitales a la
especulación y la usura internacional y el juicio en los EEUU con sus fallos tan
predecibles a favor de los “fondos buitre” que compran por nada y quieren llevar
todo. Las consecuencias para el pueblo son siempre las mismas: mayor
empobrecimiento, falta de recursos para el desarrollo del país, la salud,
educación y la necesidad siempre pendiente de privilegiar la deuda interna con
los derechos del pueblo y de la naturaleza.
Lo
ocurrido con el embargo a la Fragata Libertad en Ghana fue grave y afectó la
soberanía nacional, como ahora pasa con las amenazas de posibles embargos y
bloqueos de fondos del país. El comportamiento de la justicia
estadounidense – no sólo el juez Griesa sino además, la Cámara de Apelaciones y
la propia Corte Suprema de EE.UU. – muestra con todo su peso que no toda ley es
justa, ni tampoco ciego el Poder judicial.
Pero
son conclusiones absolutamente previsibles y seguirán corriendo, y mal, a
nuestro país, si no se encare a fondo el raíz del problema que no son los
buitres precisamente, sino la entrega de nuestra soberanía a toda calaña de
buitres que anda volando, tanto por aquí como por allá, y la negativa a asumir
la ya comprobada ilicitud e ilegitimidad de la deuda. No sólo es
repudiable la deuda hoy en garras de los buitres reconocidos sino toda la deuda
pública, acumulada desde tiempos de la dictadura sobre la base de la represión,
el fraude y la complicidad, la nacionalización de las deudas de las grandes
empresas privadas, la fuga de capitales y otros crímenes más.
El
gobierno debiera repensar la política a seguir y no caer en el “masoquismo
político”, sabiendo los resultados que le espera, pero insistiendo en la
misma receta. Es necesario recuperar la soberanía y fortalecer la
capacidad de nuestro pueblo e instituciones para defendernos. Pero en vez
de avanzar por ese camino, el gobierno con total impunidad e
irresponsabilidad continúa sometiendo al país a tribunales extranjeros y
ocultando al pueblo las cláusulas secretas, como en los acuerdos con
Chevron.
Hemos
denunciado en reiteradas oportunidades que Chevron es una empresa que escapó del
Ecuador, siendo condenada por la justicia de ese país a pagar 9 mil millones de
dólares por los daños ambientales, como a las comunidades indígenas, que rechazó
reparar. Chevron se niega a pagar, y la justicia ecuatoriana logra embargar sus
inversiones en Argentina por los daños causados. Sin embargo, la Corte
Suprema de Justicia de la Argentina levanta el embargo a Chevron, a fin de
acordar con el gobierno nacional la explotación con el sistema del fracking en
Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén.
Una
empresa con esos antecedentes actúa con total impunidad; hay que estar atentos a
la situación y la explotación de los recursos energéticos, como el petróleo y el
gas en la Provincia del Neuquén, en un país que ha renunciando a su soberanía y
quedado a la merced de quienes pretenden ser sus acreedores.
El
otro antecedente preocupante a tener en cuenta es el acuerdo reciente con China,
ya que reitera el gobierno la misma política de renunciar a la soberanía
nacional, sometiendose incluso a los tribunales de Gran
Bretaña.
Pueden explicar porque el gobierno se niega a actuar sobre las
investigaciones y decisiones de la justicia argentina, o de realizar una
Auditoria para separar la deuda legítima de la ilegítima e investigar los daños
causados por la deuda externa e ilegítima al país? ¿Cuales son los motivos
para que el Parlamento y el Poder Judicial omiten impulsar las acciones que les
competen al respecto?
Hoy
el país sufre las consecuencias de la incapacidad y falta de voluntad política
de parte de sus diversas autoridades, situación que genera mayor
empobrecimiento, marginalidad y pérdida de los bienes comunes, que son
patrimonio del pueblo y de la naturaleza y no del gobierno de
turno.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos,
movimientos populares y religiosos están movilizados reclamando a los tres
poderes estatales argentinos – el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial,
que asumen sus responsabilidades de acuerdo a la Constitución Nacional y los
derechos humanos. Y que abren instancias de dialogo con todos los sectores
sociales, sindicales y políticos, que deben ser escuchados en el ejercicio
democrático para buscar salidas superadoras de los errores
cometidos.
4 de agosto de 2014
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la
Paz
Sem comentários:
Enviar um comentário