DECLARACION
INTERNACIONAL
Detener
la escalada del conflicto político en Venezuela. Contra la
intervención imperial
Por
una solución democrática, desde y para el pueblo venezolano
Venezuela
vive una crisis sin precedentes, que se ha venido agravando
paulatinamente en los últimos años, al punto de afectar
dramáticamente todos los aspectos de la vida de una nación. El
colapso de los servicios públicos, el derrumbe de la industria
petrolera y la caída extraordinaria del PIB, la hiperinflación, el
aumento vertiginoso de la pobreza, la migración de millones de
personas definen esta crisis, entre otros factores. La conflictividad
política ha escalado a niveles muy peligrosos, socavando el estado
de derecho, el marco de convivencia social y la salud de las
instituciones. La población del país se encuentra en un estado de
absoluta vulnerabilidad.
El
Gobierno de Nicolás Maduro ha avanzado hacia el autoritarismo,
suprimiendo de facto numerosas formas de participación popular que
habían logrado establecerse desde los inicios del proceso
bolivariano. Ha aumentado la represión ante las numerosas protestas
y muestras de descontento social; ha secuestrado la vía electoral
como mecanismo de toma de decisiones colectivas y se ha mostrado
intransigente en su meta de aferrarse al poder a cualquier costo;
y
ha gobernado al margen
de la Constitución, aplicando un estado de excepción permanente.
Mientras tanto, se avanza en la profundización del extractivismo y
en la aplicación de políticas económicas de ajuste que favorecen a
corporaciones transnacionales, e impactan negativamente en la
sociedad y
la naturaleza.
En
paralelo, los sectores extremistas del bloque de oposición que
lograron encabezar distintas movilizaciones, han impulsado varios
llamados a una salida forzada y radical del Gobierno de Maduro (en
2014 y 2017), lo cual ha generado serias confrontaciones violentas y
ataques a infraestructuras. Esto ha contribuido al estrangulamiento
de la vida cotidiana de millones de personas, y a una severa
afectación a los marcos de convivencia pacífica.
Adicionalmente,
en el marco de un auge y alineamiento de las derechas en América
Latina, se intensificó la intervención foránea, principalmente del
Gobierno de los Estados Unidos, el cual desde 2015 ha asumido una
posición mucho más agresiva con Venezuela, a través de Órdenes
Ejecutivas, declaraciones amenazantes, creación de lobbies
regionales e internacionales contra el Gobierno de Maduro y sanciones
económicas que impactaron en la economía nacional. Otros actores
internacionales como China y Rusia han incidido significativamente en
el curso de los acontecimientos a partir de sus propios intereses
expansionistas y apetencias económicas y energéticas, configurando
una situación geopolítica sumamente tensa.
La
autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan
Guaidó, como ‘presidente interino’ de Venezuela para encabezar
un gobierno de transición, el 23 de enero de 2019, ha desatado una
nueva escalada de la crisis. Este intento de crear un Estado paralelo
en el país encontró un rápido reconocimiento del gobierno de los
Estados Unidos, así como de otros países aliados como Canadá,
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, entre
otros.
La
creación de un Estado paralelo centrado en la Asamblea Nacional y el
Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, apoyado por EEUU y el
llamado Grupo de Lima, abre el escenario para la profundización de
la crisis y el desencadenamiento de un conflicto interno armado, una
guerra civil con participación internacional. Un escenario
devastador para la población y para la República venezolana, la
cual podría desmembrarse y ser objeto de rapiña por diferentes
intereses internacionales, como ha sucedido en otras regiones del
mundo como consecuencia de intervenciones imperialistas recientes.
La
agresiva presión del Gobierno de los Estados Unidos, así como las
confrontaciones diplomáticas entre este y el Gobierno venezolano,
crean situaciones muy peligrosas.
La
situación generada ya no sólo representa una amenaza a la
posibilidad de democracia, sino a la vida de millones de venezolanos
y a la estabilidad en la región. En una confrontación armada, son
los pueblos los principales afectados, y más en la situación actual
de Venezuela donde la población ya vive una enorme precariedad y
violencia en el marco de disputas territoriales.
En
este sentido, quienes firmamos,
-
Rechazamos el autoritarismo del Gobierno de Maduro, así como la represión gubernamental ante el crecimiento de las protestas en todo el país, por alimentación, transporte, salud, participación política, servicios públicos, salarios dignos, entre otros. El pueblo venezolano, que sufre la enorme precariedad y la represión actual, tiene derecho a protestar sin ser criminalizado por ello.
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Rechazamos la autoproclamación de Juan Guaidó y la creación de un Estado paralelo en el país, que no traerá sino mayor conflicto y no soluciona los principales problemas que afronta el país.
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Repudiamos cualquier atajo político anti-democrático que no tribute a una solución pacífica y decidida por el pueblo.
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Rechazamos el intervencionismo estadounidense, así como cualquier otra forma de injerencia extranjera. Venezuela no debe convertirse en campo de batalla internacional. Es el pueblo venezolano quien debe decidir su destino. Invitamos a los pueblos a apoyar y acompañarlo en este sentido.
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Hacemos un urgente llamado a la convergencia de actores políticos y organizaciones sociales para unir fuerzas con el fin de detener la escalada del conflicto político en Venezuela.
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Instamos a promover escenarios de diálogo y buscar soluciones en las cuales el pueblo venezolano pueda decidir, democráticamente y desde abajo, su destino próximo; a reanudar con los procesos de democratización que había construido la revolución bolivariana en sus inicios. El hecho que en la OEA no se hayan obtenido los votos necesarios para apoyar la proclamación de Guaidó, da indicios de que todavía hay espacio para un diálogo internacional.
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Pedimos que la solución parta y se apoye en los principios de la Constitución de la República. Es fundamental reconstruir los marcos sociales, políticos e institucionales para el entendimiento.
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Apoyamos las propuestas, formuladas desde Venezuela, de salidas negociadas ya sea por la vía de la mediación ofrecida por los gobiernos de Uruguay y México, o por la realización de un referéndum consultivo vinculante para que sea la población venezolana la que decida sobre la convocatoria a elecciones generales.
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Invitamos a los actores políticos nacionales a promover canales para una salida de la crisis económica que está asfixiando al pueblo venezolano. Dichos canales deben contribuir a paliar las carencias básicas de la población y potenciar el resurgimiento de una economía que posibilite el desenvolvimiento de la vida y el bienestar social.
La
salida a la profunda crisis que vive la sociedad venezolana debe ser
pacífica, constitucional y restituir la soberanía al pueblo
venezolano.
Enviar
sus adhesiones con nombre, institución/organización y país a:
declarvenezuela@gmail.com
Primeras
Firmas
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Edgardo Lander, Universidad Central de Venezuela (Venezuela)
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Emiliano Terán Mantovani, Observatorio de Ecología Política (Venezuela)
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Miriam Lang, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador/Alemania)
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Alberto Acosta,(Ecuador)
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Tatiana Roa Avendaño, Censat Agua Viva (Colombia) - Cedla UvA (Amsterdam)
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Maristella Svampa, Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
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Joan Martínez Alier, Universidad Autónoma de Barcelona (España)
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Carlos Walter Porto-Gonçalves, Universidade Federal Fluminense (Brasil)
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Leonardo Bracamonte. Universidad Central de Venezuela (Venezuela)
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Felipe Milanez, Universidade Federal da Bahia – UFBA (Brasil)
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Ailynn Torres Santana, investigadora feminista (Cuba)
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John Cajas-Guijarro, Universidad Central del Ecuador, FLACSO (Ecuador)
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Pavel Camilo López, CIDES-UMSA (Bolivia)
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Grettel Navas, Universidad Autónoma de Barcelona (Costa Rica)
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Alejandro Bruzual, Presidente de la Sociedad Venezolana de Musicología (Venezuela)
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Pierre Beaudet, UQAM, Universidad de Quebec en Montreal, (Canada)
Enviar
adhesiones a: declarvenezuela@gmail.com
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