Las
matanzas que devastaron hace diez años a las familias del
altiplano boliviano no deben caer en el olvido.
En
octubre de 2003, las familias que viven en El Alto y otros
municipios cercanos a La Paz, la capital boliviana, sufrieron
semanas de violencia extrema a manos de las fuerzas armadas del
Gobierno del entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, y
su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzain. Aquel
octubre, 58 bolivianos y bolivianas fueron asesinados y otros
400, heridos, cuando el Gobierno envió tropas para reprimir las
protestas contra sus vilipendiados planes de exportación de gas.
Entre las personas asesinadas se encontraba una niña de ocho
años, Marlene Rojas, a la que alcanzó en su casa una bala
disparada por un francotirador. Diez años después, en Bolivia se
conoce ese mes como ‘Octubre Negro’, para conmemorar a las
personas asesinadas y exigir justicia.
Hoy,
diez años después, los dos hombres que son acusados de aquellas
muertes viven en los Estados Unidos: Sánchez de Lozada en un
suburbio de Maryland y Sánchez Berzain en Miami. Ambos están a
salvo de enfrentarse a los tribunales en Bolivia, protegidos por
el Gobierno estadounidense. Mientras las familias siguen
llorando la muerte de sus seres queridos, los responsables de la
matanza siguen paseándose con total libertad e impunidad.
Lozada
y Berzain llegaron al Gobierno en 2002, con solo el 22 por
ciento de los votos, pero estaban decididos a poner en marcha
unas reformas económicas muy impopulares, que incluían planes de
exportar gas a través de Chile. Sabiendo que el plan provocaría
protestas, emitieron un decreto en que llamaban al ejército a
utilizar “todos los medios necesarios” para reprimir las
protestas. El Gobierno trató a su propia población como si
fueran invasores extranjeros, desplegando a francotiradores
militares armados con rifles de gran calibre, que se dedicaron a
disparar dentro de viviendas y a perseguir y disparar a vecinos
desarmados que trataban de huir a través de los campos para
refugiarse en las montañas. Muchas de las personas asesinadas y
heridas a consecuencia del plan no estaban participando en las
protestas, o ni siquiera se encontraban cerca de ellas, en el
momento en que se les disparó. La violencia solo se detuvo
cuando Lozada y Berzain abandonaron el país, mientras las
revueltas se extendían por todo el país y otros políticos, como
el vicepresidente del propio Lozada, Carlos Mesa, denunciaban la
violencia.
La
lucha por la justicia que han librado las familias ha sido larga
y ardua, incluso en Bolivia. En octubre de 2004, el Congreso
boliviano autorizó que se juzgaran las responsabilidades entre
los cargos del Gobierno y los oficiales del ejército implicados
en la matanza. El juicio empezó en 2009 y siete de los acusados
fueron condenados a entre 3 y 15 años de cárcel. Sin embargo,
Lozada y Berzain se han negado a comparecer ante la justicia. El
Departamento de Estado de los Estados Unidos ha denegado una
solicitud oficial de extradición presentada por el Gobierno
boliviano en 2007, a pesar de que ambos países cuentan con un
tratado de extradición en vigor.
La
negativa del Gobierno estadounidense a respetar el proceso
jurídico boliviano y los derechos de las familias a la justicia
significa que el Gobierno estadounidense es cómplice de la
impunidad y la injusticia. Los argumentos que esgrimen de que
este caso está demasiado politizado como para garantizar un
juicio justo son infundados, teniendo en cuenta el extremo rigor
con que se ha tramitado el caso en Bolivia y el apoyo otorgado a
la causa por políticos de todos los partidos, incluidos los de
Lozada y Berzain. La negativa del Gobierno estadounidense
también resulta profundamente hipócrita, especialmente cuando
los Estados Unidos insisten en que otros Gobiernos extraditen a
personas que han amenazado a los intereses de seguridad de su
país, como Edward Snowden, ahora asilado en Rusia.
Lozada
y Berzain tienen fuertes vínculos con círculos políticos,
empresariales y académicos en los Estados Unidos que, sin duda,
han desempeñado un papel a la hora de impedir su extradición.
Lozada es un antiguo alumno de la Universidad de Chicago, cuenta
con varias inversiones en los Estados Unidos e incluso contrató
a asesores estadounidenses para que le ayudaran a ganar las
elecciones en Bolivia en 2002. Sin embargo, estos importantes
lazos políticos no deberían seguir garantizándoles la impunidad.
Este octubre, todos los cargos de influencia en la
administración estadounidense deberían escuchar más bien
aquellas voces que suelen ignorarse, como las de los padres de
Marlene Rojas o la de Teófilo Cerro, que tiene a su cargo a
siete hijos, después de que su mujer, embarazada, fuera abatida
a tiros.
No
se puede permitir que la impunidad y la injusticia se sigan
imponiendo. Por ese motivo, instamos a todas aquellas personas
que tienen influencia –los medios, las asambleas y grupos del
Partido Demócrata, las organizaciones de derechos humanos, las
universidades y los y las estudiantes– a solidarizarse este mes
de octubre con las familias de la matanza en Bolivia y exigir la
extradición de Lozada y Berzain.
Signatures/Firmas
Organisations
Action
Populaire Contre la Mondialisation, Switzerland
Andean
Information Network/Red Andina de Información, Bolivia
CACIM,
India
Chicago
Religious Leadership Network on Latin America
Comité
du Forum Social Lémanique, Switzerland
Comité
pour le respect des droits humains "Daniel Gillard", Belgium
Centro
de Documentación e Información Bolivia CEDIB, Bolivia
Democracy
Center, Bolivia
Environmental
Network for Central America (La Red Ambiental para América
Central)
Ecologistas
en Acción, Spain
Focus
on the Global South (Thailand, Philippines, India)
Global
Exchange, United States
Joining
Hands - San Francisco Presbytery
Marin
Interfaith Task force on the Americas, United States
Maryknoll
Office for Global Concerns, United States
Nicaragua
Center for Community Action (NICCA)
On-Q
Initiative - Youth4Truth, United States
PAPDA,
Haiti
Pax
Christi USA
School
of the Americas Watch
School
of the Americas Watch - San Francisco, CA, United States
School
of the Americas Watch - Oakland, CA, United States
Transnational
Institute, Netherlands
UpsideDownWorld
Washington
Office on Latin America (WOLA)
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